Tres personas han sido detenidas por la Policía Nacional en Algeciras. Se les imputan presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental.
En la Operación ‘Bocha‘, la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades de la Comisaría de Policía de Algeciras llevó a cabo una investigación sobre una empresa dedicada a la actividad deportiva del Polo, donde se tenía conocimiento que sus responsables «se podrían estar aprovechando de ciudadanos extranjeros en situación irregular y en situación de extrema vulnerabilidad».
Según el relato de la Policía en un comunicado, supuestamente «imponían condiciones laborales abusivas, largas jornadas de trabajo, sin apenas descanso diario y semanal, a cambio de un sueldo muy por debajo del establecido como el mínimo profesional». Además, supuestamente todo ello con la falsa promesa de que les ayudarían a regularizar su situación en España y obtener un contrato formal y justamente remunerado.
Con distintas gestiones, la Policía comprobó que la mayor parte de estas personas vivían en el propio recinto, en zonas próximas a las cuadras de caballos. Su ocupación laboral era de petiseros o encargados del cuidados de caballos y cuadras y no podían permitirse residir en otro lugar «debido a sus escasos ingresos y situación de irregularidad».
Entre las condiciones laborales y de vida que estas personas sufrían se encontraba el miedo a la pérdida de su trabajo ante cualquier accidente laboral, circunstancias que se daban con cierta habitualidad. según ha relatado la Policía, que ha precisado que conocieron que dos de las víctimas identificadas habrían sufrido distintas lesiones de consideración y sobre las que no recibieron asistencia médica, «continuando en su trabajo por miedo a no cobrar su salario o finalizar la abusiva relación laboral».
La Policía determinó que estos trabajadores, en mayor parte procedentes de países sudamericanos, habrían llegado a España mediante oferta de trabajo de la propia empresa. Supuestamente eran ayudados por sus responsables a acceder a territorio español con billetes de ida y vuelta y distintos certificados que amparaban que su situación en territorio Schengen sería la de estancia, y por tanto inferior a tres meses.
Tras expirar ese plazo, quedaban alojados en el recinto de la empresa, en situación de estancia irregular, y en un desarraigo, que es propio de la victimología por explotación laboral, según ha precisado la Policía. Otra víctima fue captada en su país de origen para, mediante la falsa promesa de convertirlo en jugador de polo, imponerle «condiciones labores abusivas, con largas jornadas de trabajo sin descanso y por un sueldo inferior a 500 euros mensuales».
Analizados todos los datos obtenidos, se llevó a cabo entrada y registro en las instalaciones de la organización investigada, situadas entre Sotogrande y Guadiaro (Cádiz), en el que, además de los agentes policiales, participó la Inspección de Trabajo de Málaga.
Una vez en el interior, la Policía identificó al menos a cinco ciudadanos extranjeros en situación irregular trabajando sin contrato de trabajo ni alta en la Seguridad Social en vigor, aunque sí vestían uniformes con el logo de la empresa.
También comprobaron «el deplorable estado en que se encontraban los barracones donde moraban las víctimas, los cuales eran colindantes con las cuadras de los animales».
La Policía Nacional ha destacado que «se tiene constancia de que este tipo de conductas están creciendo, sobre todo en zonas costeras donde la actividad del polo tiene un alto repunte en los meses estivales, aprovechando ciertos empresarios la situación de ilegalidad y vulnerabilidad de ciertas personas para imponer condiciones laborales similares, existiendo un Plan Especial para la detención de sus responsables».
Entre los detenidos se encuentran dos personas de origen británico, el responsable de la empresa y su encargado, a los que se les imputan los presuntos delitos de Trata de Seres Humanos con fines de explotación laboral, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y un delito contra los derechos de los trabajadores.
También fue detenido el contable de la empresa por su presunta participación en el delito contra los derechos de los trabajadores, los cuales fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Estepona, quien entiende de la causa.
